(Prensa Diputados, 20/04/2017)

Con el objetivo de ejecutar reformas a las políticas medioambientales en lo normativo, institucional y presupuestario, pero sin dejar de lado el desarrollo social y la lucha contra el cambio climático, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el contrato de préstamo firmado entre el gobierno boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 140 millones de dólares.

 

Los recursos prestados por el BID serán destinados al “Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, y serán pagados hasta el año 2036.

El presidente de la Comisión de Planificación diputado Javier Zavaleta explicó que este crédito no tiene un fin definido, sino que permite solicitar los recursos que se necesiten de acuerdo a los diferentes proyectos que surjan a lo largo del Programa.

“No es para cualquier gestión ambiental, sino que es bajo los pilares que el Estado aprueba en sus planes de desarrollo o en sus planes sectoriales”, sostuvo.

Asimismo, reveló que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ejecutora de los proyectos con los recursos del crédito, envió una carta donde especifica que los recursos irán a los programas de Gestión de Calidad Ambiental, de Gestión de Calidad Hídrica, de Gestión de Conocimientos e Información de Recursos Hídricos y Cuencas, de Restauración y/o Rehabilitación de Zonas de Vida, de Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Bolivia, de Gestión de Biodiversidad, de Gestión del Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos, y de Forestación y Reforestación de Bosques.

El Programa busca fortalecer la gestión ambiental para controlar la contaminación (las acciones a realizar, los recursos económicos y la distribución de responsabilidades en la gestión ambiental y el cambio climático). Prevé elaborar un diagnóstico y recomendaciones para la otorgación de licencias ambientales.

Asimismo, se elaborará un manual para el manejo de monitoreo de calidad del aire, un plan de alerta por contaminación del aire, y una normativa para regular la gestión de las aguas ácidas y efluentes en el sector minero.

El segundo componente del programa establece la forestación, reforestación y preservación de bosques y biodiversidad, trabajo que estará dirigido a la aprobación de una estrategia para la gestión de sitios RAMSAR, es decir para proteger los humedales en Bolivia.

Además gestionará la firma de un convenio con la Gobernación de Cochabamba, para el monitoreo, control y fiscalización de actividades relacionadas al comercio internacional de especies amenazadas de la fauna silvestre, y buscará modificar el reglamento del Fondo Nacional de Bosques (Fonabosque), de modo que sea elegible para conseguir financiamiento destinado a proyectos en áreas protegidas.

El tercer componente está orientado a la preservación sustentable de bosques, y trabajará en el Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques, cuyas principales funciones serán el monitoreo y control de la deforestación, el combate contra incendios forestales, el manejo integral de fuego y la recuperación de bosques en áreas degradadas.

Este componente también prevé trabajar en la definición de la entidad pública responsable de generar y difundir la información sobre los incendios forestales y focos de calor. Asimismo, buscará la aprobación de un plan de trabajo para priorizar el saneamiento de tierras en las zonas atendidas por el Programa Nacional de Forestación y Reforestación.

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