Bolivia: Miércoles, 23 de Abril del 2014

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Cámara de Diputados - Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

Los diputados alteños presentaron una solicitud de petición de informe oral al Defensor del Pueblo, Rolando Villena, para que explique las gestiones que realizó para que se extradite a Gonzalo Sánchez de Lozada, a unos días de cumplirse los 10 años de la masacre de octubre negro.

 

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El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Roberto Rojas, dio a conocer que el Fiscal General, Ramiro Guerrero, viajará a fines de septiembre a Estados Unidos para efectuar la contratación de un bufete de abogados que realice los procesos correspondientes para la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en el país del norte.

 

 

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El diputado masista, Roberto Rojas, afirmo el lunes que la amenaza de invasión de tropas americanas a Siria es inadmisible y va contra el respeto de los Derechos Humanos y el derecho a la vida, ya que en su criterio, el presidente de Estados Unidos Barak Obama pretende solucionar la crisis de su país matando gente.

 

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El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Rojas, calificó la solicitud de asilo del senador Roger Pinto en la Embajada de Brasil, como un acto político que solo buscó romper las  relaciones diplomáticas entre Bolivia y Brasil.

 

 

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El diputado del MAS, Roberto Rojas, consideró que la requisa al avión del ex Ministro de Defensa del Brasil, Celso Amorim, es un asunto que ya fue superado por lo que el incidente no provocará conflicto alguno entre los gobiernos de Brasil y Bolivia.

 

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La demanda argumenta que Chile se comprometió "a negociar una salida soberana al mar para Bolivia".

Lo hizo a través de acuerdos, la práctica diplomática y una serie de declaraciones.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya informó, en relación a la demanda interpuesta por Bolivia contra Chile para buscar una salida al mar, que es la "única" instancia que puede decidir sobre jurisdicción en un contencioso de un Estado contra otro.

Si Chile pusiera en tela de juicio la competencia de ese alto tribunal en la demanda de Bolivia, correspondería a la Corte decidir si el caso entra en su jurisdicción.

En el caso de que un Estado no acepte la base jurídica de una demanda presentada en su contra por otro Estado, debe hacérselo saber mediante un escrito a la Corte Internacional de Justicia, según reporte de prensa desde La Haya.

El comunicado de la Corte Internacional de Justicia agrega que para Bolivia la controversia con Santiago se basa en que, "más allá de sus obligaciones generales, en virtud del derecho internacional, Chile se ha comprometido, más específicamente a través de acuerdos, la práctica diplomática y una serie de declaraciones atribuibles a sus representantes al más alto nivel, a negociar una salida soberana al mar para Bolivia".

Obligación de negociar

De acuerdo con el documento de la CIJ, en la demanda, Bolivia resalta a) "la existencia de la obligación", b) el "incumplimiento por parte de Chile", y c) "el deber de Chile de cumplir con esa obligación".

Con esos planteamientos, el país pidió que la CIJ "falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia, con el fin de llegar a un acuerdo que permita un acceso plenamente soberano al océano Pacífico".

En el año 1879, Chile invadió territorio boliviano y se apropió de 400 kilómetros de playa, 120 mil kilómetros de territorio y riquezas naturales como el cobre.

Durante conversaciones y diálogos posteriores, Santiago obligó al país a firmar el Tratado de 1904 (hoy incumplido por el país vecino) y se comprometió a otorgar una salida al mar en diversas oportunidades. Inclusive se habló de un corredor territorial por Arica. Todo ello generó derechos expectaticios, es decir compromisos de Estado.

Posición chilena

Al considerar la tesis de la demanda de Bolivia como "extremadamente débil", el canciller chileno, Alfredo Moreno, dijo ayer en Santiago que Chile podría solicitar que la CIJ se declare incompetente en este juicio en aproximadamente un año y medio.

Indicó que Bolivia presentó su planteamiento, y en realidad la verdadera demanda es la memoria, que es donde explica con detalles los fundamentos de la demanda.

"La reacción de Chile era la de esperar, en ningún momento va a aceptar que la demanda boliviana es legítima.

Óscar Silva

Analista político

134 años han transcurrido desde que Chile invadió el puerto de Antofagasta, el 14 de febrero de 1879, y ocupó territorio boliviano.
24 de abril de 2013 es un día histórico porque Bolivia presenta una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En Chile electoralizan la demanda boliviana

La reacción del Gobierno y de los políticos chilenos luego de la presentación de la demanda boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya no sorprendió, puesto que en el vecino país es un asunto que se ha electoralizado, toda vez que celebrarán elecciones presidenciales el 17 de noviembre.

El presidente Sebastián Piñera dijo el miércoles que la demanda "no tiene fundamento jurídico", y calificó como un triunfo el que no se cuestione el Tratado de 1904.

El ex canciller Armando Loaiza expresó su preocupación por las declaraciones de la ex presidenta chilena Michele Bachelet y del candidato Marco Enríquez Ominami, "que eran personas más abiertas al diálogo con Bolivia, pero ya están envueltos en la campaña electoral y actuaron al unísono con Piñera y con la Cancillería chilena":

Para el ex diplomático Gustavo Aliaga "era previsible esa reacción por la coyuntura electoral que viven en Chile; hasta Bachelet hizo una declaración de que no hará nada que tenga que ver con soberanía".

El ex presidente Jorge Quiroga dijo que "no se podía esperar otra cosa, Chile tiene que minimizar, denostarnos, además están en campaña electoral. Es un asunto que afecta su política interna, pero que no se va a dilucidar con declaraciones porque es un caso de derecho jurídico. Chile tendrá que responder con argumentos ante la Corte, ya no con improperios ni descalificaciones", dijo.

El diputado Roberto Rojas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), subrayó que el problema ya no es político, sino jurídico, y, en esa instancia, Chile debe responder.

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